La digitalización y automatización del control del tráfico está transformando la gestión de la movilidad en carretera. Sin embargo, no siempre estos sistemas funcionan con la precisión necesaria.
Prueba de ello es el reciente reconocimiento por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) de que, en lo que va de 2025, se han impuesto más de 1.800 sanciones indebidas a vehículos de transporte pesado que circulaban legalmente durante jornadas con restricciones.
Estas multas erróneas, detectadas en camiones que sí estaban autorizados a circular, han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de sistemas automáticos de control y su impacto directo en el transporte profesional.
EL ORIGEN DEL PROBLEMA: CÁMARAS QUE NO DISTINGUEN EXCEPCIONES
El conflicto se origina en el uso de cámaras automáticas de lectura de matrículas, diseñadas para identificar vehículos que circulan por tramos restringidos en determinados días y horarios. El problema es que estos sistemas no diferencian de forma inmediata entre vehículos sancionables y aquellos que están legalmente exentos por su actividad, tipo de mercancía o autorización específica.
Como resultado, numerosos transportistas han recibido sanciones pese a cumplir la normativa, viéndose obligados a iniciar procesos de alegación que suponen pérdida de tiempo, carga administrativa y una evidente sensación de indefensión.
DENUNCIA DEL SECTOR Y RESPUESTA EN EL CONGRESO
La situación fue denunciada por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), que trasladó el problema al ámbito político. Posteriormente, el asunto llegó al Congreso de los Diputados a través de una pregunta formal del Grupo Parlamentario de ERC.
En su respuesta, la DGT reconoció la existencia de 1.803 sanciones incorrectas, aunque negó que se trate de una práctica sistemática o abusiva. Según el organismo, el sistema contempla filtros posteriores y ofrece garantías suficientes para que los transportistas puedan recurrir las multas.
¿SON SUFICIENTES LAS GARANTÍAS ACTUALES?
Desde el punto de vista del sector, la cuestión no es solo que exista la posibilidad de recurrir, sino que la sanción no debería emitirse si el vehículo cumple la normativa desde el primer momento. FENADISMER insiste en que este modelo traslada la carga de la prueba al transportista, vulnerando la presunción de inocencia.
Por este motivo, la federación ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, alertando de que el uso indiscriminado de sistemas automatizados puede generar inseguridad jurídica en un sector ya sometido a una elevada presión normativa y operativa.
CONSECUENCIAS DIRECTAS PARA EL TRANSPORTE PROFESIONAL
Este reconocimiento por parte de la DGT evidencia una realidad preocupante: los transportistas pueden verse penalizados no por incumplir la ley, sino por fallos del sistema de control.
Entre las principales consecuencias destacan:
· Incremento de la carga administrativa para empresas y autónomos.
· Pérdida de tiempo y recursos en la gestión de alegaciones.
· Sensación de inseguridad jurídica.
· Desconfianza en los sistemas automáticos de control.
Todo ello refuerza la necesidad de mejorar los sistemas de filtrado previo, adaptar la tecnología a la realidad del transporte profesional y garantizar que la digitalización vaya acompañada de criterios técnicos y legales claros.
UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE CONTROL
Más allá de la polémica, este caso puede convertirse en una oportunidad para revisar y perfeccionar los mecanismos de control del tráfico. El transporte profesional es un pilar clave de la economía y requiere herramientas que protejan la legalidad sin penalizar injustamente a quienes cumplen las normas.
La colaboración entre administraciones, asociaciones sectoriales y empresas será clave para avanzar hacia un modelo más justo, eficiente y adaptado a la realidad del transporte por carretera.
Prueba de ello es el reciente reconocimiento por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) de que, en lo que va de 2025, se han impuesto más de 1.800 sanciones indebidas a vehículos de transporte pesado que circulaban legalmente durante jornadas con restricciones.
Estas multas erróneas, detectadas en camiones que sí estaban autorizados a circular, han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de sistemas automáticos de control y su impacto directo en el transporte profesional.
EL ORIGEN DEL PROBLEMA: CÁMARAS QUE NO DISTINGUEN EXCEPCIONES
El conflicto se origina en el uso de cámaras automáticas de lectura de matrículas, diseñadas para identificar vehículos que circulan por tramos restringidos en determinados días y horarios. El problema es que estos sistemas no diferencian de forma inmediata entre vehículos sancionables y aquellos que están legalmente exentos por su actividad, tipo de mercancía o autorización específica.
Como resultado, numerosos transportistas han recibido sanciones pese a cumplir la normativa, viéndose obligados a iniciar procesos de alegación que suponen pérdida de tiempo, carga administrativa y una evidente sensación de indefensión.
DENUNCIA DEL SECTOR Y RESPUESTA EN EL CONGRESO
La situación fue denunciada por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), que trasladó el problema al ámbito político. Posteriormente, el asunto llegó al Congreso de los Diputados a través de una pregunta formal del Grupo Parlamentario de ERC.
En su respuesta, la DGT reconoció la existencia de 1.803 sanciones incorrectas, aunque negó que se trate de una práctica sistemática o abusiva. Según el organismo, el sistema contempla filtros posteriores y ofrece garantías suficientes para que los transportistas puedan recurrir las multas.
¿SON SUFICIENTES LAS GARANTÍAS ACTUALES?
Desde el punto de vista del sector, la cuestión no es solo que exista la posibilidad de recurrir, sino que la sanción no debería emitirse si el vehículo cumple la normativa desde el primer momento. FENADISMER insiste en que este modelo traslada la carga de la prueba al transportista, vulnerando la presunción de inocencia.
Por este motivo, la federación ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, alertando de que el uso indiscriminado de sistemas automatizados puede generar inseguridad jurídica en un sector ya sometido a una elevada presión normativa y operativa.
CONSECUENCIAS DIRECTAS PARA EL TRANSPORTE PROFESIONAL
Este reconocimiento por parte de la DGT evidencia una realidad preocupante: los transportistas pueden verse penalizados no por incumplir la ley, sino por fallos del sistema de control.
Entre las principales consecuencias destacan:
· Incremento de la carga administrativa para empresas y autónomos.
· Pérdida de tiempo y recursos en la gestión de alegaciones.
· Sensación de inseguridad jurídica.
· Desconfianza en los sistemas automáticos de control.
Todo ello refuerza la necesidad de mejorar los sistemas de filtrado previo, adaptar la tecnología a la realidad del transporte profesional y garantizar que la digitalización vaya acompañada de criterios técnicos y legales claros.
UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE CONTROL
Más allá de la polémica, este caso puede convertirse en una oportunidad para revisar y perfeccionar los mecanismos de control del tráfico. El transporte profesional es un pilar clave de la economía y requiere herramientas que protejan la legalidad sin penalizar injustamente a quienes cumplen las normas.
La colaboración entre administraciones, asociaciones sectoriales y empresas será clave para avanzar hacia un modelo más justo, eficiente y adaptado a la realidad del transporte por carretera.