El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado su intención de modificar la normativa actual para garantizar que las cotizaciones de los trabajadores autónomos, incluidos los del sector del transporte por carretera, se actualicen cada año conforme al IPC. Con esta medida, que se prevé entre en vigor en enero de 2026, se pondrá fin a una situación que venía generando un perjuicio económico significativo para miles de profesionales.
Desde la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales en 2023, muchos autónomos optaron por mantener la base de cotización más alta que tenían en el régimen anterior, al considerarla más ventajosa que la calculada con el nuevo modelo.
Sin embargo, esta decisión ha tenido consecuencias inesperadas: dichas bases no se han estado actualizando con la inflación anual, lo que a medio y largo plazo podría traducirse en una reducción considerable —de hasta un 30%— de las prestaciones a las que tendrían derecho, especialmente en el momento de la jubilación.
EL TRANSPORTE POR CARRETERA, ENTRE LOS MÁS AFECTADOS
El sector del transporte es uno de los principales damnificados por esta situación. Se estima que alrededor de 50.000 transportistas autónomos se han visto perjudicados por la falta de actualización de sus bases de cotización.
Las asociaciones del sector llevan meses reclamando una solución al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios, alertando de que, de no corregirse, esta circunstancia podría deteriorar de forma notable la estabilidad económica del colectivo en el futuro.
En una reciente reunión con representantes de los trabajadores por cuenta propia, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, confirmó que el Ejecutivo trabaja ya en una modificación legislativa para incorporar esta actualización automática anual, vinculada a la evolución del IPC.
La reforma incluirá también la revisión de las bases de cotización y de las cuotas correspondientes, con el objetivo de que las nuevas condiciones puedan aplicarse desde enero de 2026.
Esta medida supone un paso importante para garantizar un sistema más justo y equitativo para los autónomos del transporte, que desempeñan un papel esencial en la cadena logística del país y que, con este cambio, verán mejor protegidos sus derechos y prestaciones a largo plazo.
Desde la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales en 2023, muchos autónomos optaron por mantener la base de cotización más alta que tenían en el régimen anterior, al considerarla más ventajosa que la calculada con el nuevo modelo.
Sin embargo, esta decisión ha tenido consecuencias inesperadas: dichas bases no se han estado actualizando con la inflación anual, lo que a medio y largo plazo podría traducirse en una reducción considerable —de hasta un 30%— de las prestaciones a las que tendrían derecho, especialmente en el momento de la jubilación.
EL TRANSPORTE POR CARRETERA, ENTRE LOS MÁS AFECTADOS
El sector del transporte es uno de los principales damnificados por esta situación. Se estima que alrededor de 50.000 transportistas autónomos se han visto perjudicados por la falta de actualización de sus bases de cotización.
Las asociaciones del sector llevan meses reclamando una solución al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios, alertando de que, de no corregirse, esta circunstancia podría deteriorar de forma notable la estabilidad económica del colectivo en el futuro.
En una reciente reunión con representantes de los trabajadores por cuenta propia, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, confirmó que el Ejecutivo trabaja ya en una modificación legislativa para incorporar esta actualización automática anual, vinculada a la evolución del IPC.
La reforma incluirá también la revisión de las bases de cotización y de las cuotas correspondientes, con el objetivo de que las nuevas condiciones puedan aplicarse desde enero de 2026.
Esta medida supone un paso importante para garantizar un sistema más justo y equitativo para los autónomos del transporte, que desempeñan un papel esencial en la cadena logística del país y que, con este cambio, verán mejor protegidos sus derechos y prestaciones a largo plazo.