Desde este mes de agosto, todos los camiones y autobuses que realicen transporte internacional en la Unión Europea deberán contar con el tacógrafo inteligente de segunda generación, independientemente de su fecha de matriculación.
La medida forma parte del Paquete de Movilidad aprobado en 2020, cuyo objetivo es reforzar la seguridad, garantizar unas condiciones de trabajo más justas para los conductores y mejorar el control del cumplimiento de la normativa en carretera.
¿A QUIÉN AFECTA?
· Camiones y autobuses con tacógrafos analógicos o digitales antiguos: desde febrero de este año ya estaban obligados a sustituirlos para seguir operando en rutas internacionales.
· Vehículos matriculados a partir de junio de 2019 (equipados con tacógrafos inteligentes de primera generación): deberán hacer el cambio antes del 20 de agosto de 2025.
· Vehículos ligeros entre 2,5 y 3,5 toneladas (furgonetas) que hagan transporte internacional: estarán obligados a incorporar este dispositivo a partir del 1 de julio de 2026.
En cambio, los vehículos dedicados únicamente a transporte local o nacional no tendrán que cambiar su tacógrafo actual, salvo avería que impida su reparación.
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
Las sanciones son muy severas y varían según el país. En Francia, principal territorio de control para los transportistas españoles, la multa puede alcanzar los 30.000 €, además de la inmovilización del vehículo e incluso penas de prisión de hasta un año para el conductor en casos graves.
En Portugal, Alemania, Italia u Holanda también se contemplan multas que oscilan entre los 3.600 € y 6.000 €.
¿QUÉ SUPONE ESTA MEDIDA PARA EL SECTOR?
Más de 30.000 vehículos de transporte ya han tenido que pasar por el taller en los últimos meses para adaptarse. Esta transición hacia el nuevo tacógrafo inteligente implica una inversión para las empresas, pero también aporta ventajas a largo plazo:
· Mayor seguridad en carretera.
· Control más preciso de los tiempos de conducción y descanso.
· Reducción del fraude en la manipulación de los dispositivos.
En definitiva, la actualización del tacógrafo no es solo una obligación legal, sino también un paso hacia un transporte internacional más seguro, competitivo y transparente.
La medida forma parte del Paquete de Movilidad aprobado en 2020, cuyo objetivo es reforzar la seguridad, garantizar unas condiciones de trabajo más justas para los conductores y mejorar el control del cumplimiento de la normativa en carretera.
¿A QUIÉN AFECTA?
· Camiones y autobuses con tacógrafos analógicos o digitales antiguos: desde febrero de este año ya estaban obligados a sustituirlos para seguir operando en rutas internacionales.
· Vehículos matriculados a partir de junio de 2019 (equipados con tacógrafos inteligentes de primera generación): deberán hacer el cambio antes del 20 de agosto de 2025.
· Vehículos ligeros entre 2,5 y 3,5 toneladas (furgonetas) que hagan transporte internacional: estarán obligados a incorporar este dispositivo a partir del 1 de julio de 2026.
En cambio, los vehículos dedicados únicamente a transporte local o nacional no tendrán que cambiar su tacógrafo actual, salvo avería que impida su reparación.
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
Las sanciones son muy severas y varían según el país. En Francia, principal territorio de control para los transportistas españoles, la multa puede alcanzar los 30.000 €, además de la inmovilización del vehículo e incluso penas de prisión de hasta un año para el conductor en casos graves.
En Portugal, Alemania, Italia u Holanda también se contemplan multas que oscilan entre los 3.600 € y 6.000 €.
¿QUÉ SUPONE ESTA MEDIDA PARA EL SECTOR?
Más de 30.000 vehículos de transporte ya han tenido que pasar por el taller en los últimos meses para adaptarse. Esta transición hacia el nuevo tacógrafo inteligente implica una inversión para las empresas, pero también aporta ventajas a largo plazo:
· Mayor seguridad en carretera.
· Control más preciso de los tiempos de conducción y descanso.
· Reducción del fraude en la manipulación de los dispositivos.
En definitiva, la actualización del tacógrafo no es solo una obligación legal, sino también un paso hacia un transporte internacional más seguro, competitivo y transparente.